LA IRRACIONALIDAD DEL LOCK OUT PATRONAL DEL CAMPO - Por Claudio Molina

Por Claudio Molina, Contador público, consultor en temas económicos, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Se deja constancia que las presentes opiniones son brindadas por el autor, a título personal.

1-Desde el punto de vista político, un lockout patronal –como así también un paro de actividades realizado por sindicatos de trabajadores- realizado en contra de una decisión de un gobierno nacional que triunfó en las urnas legítimamente, durante el transcurso de los primeros cien contados desde las elecciones que llevaron al poder a éste, tiene muy poca probabilidad de éxito.

2. Desde el punto de vista comunicacional, las gremiales del agro eligieron llamativamente para llevar adelante este lockout, la semana en que se realizará una de las exposiciones dinámicas de la actividad agropecuaria y agroindustrial más importante del mundo –me refiero a la próxima Expoagro-. A mí me parece que esa elección no ha sido espontánea,

sino funcional a la probable intención subyacente de algunos dirigentes allegados a los organizadores del referido lockout, de posicionar con mayor fuerza ante la opinión pública, ideas que respecto de la política partidaria, se motorizan dentro de la oposición al actual gobierno.

3. Desde el punto de vista económico, si fuera yo quien tuviera que estructurar un régimen tributario federal, trataría en la medida de lo posible de limitar el financiamiento del Fisco Nacional con derechos de exportación –que vulgarmente se conocen como retenciones-, los que son recursos originarios de la Nación, no coparticipables, de acuerdo a lo establecido por el artículo 4 de la Carta Magna. Pero al mismo tiempo, propondría un esquema muy progresivo, apuntando siempre a evitar privilegios de algunos sectores y agentes económicos, acostumbrados a captar en Argentina rentas extraordinarias de determinados factores de capital, y/o derivadas del acceso asimétrico a la información y/o por la existencia de fuertes imperfecciones de mercado –monopolios, oligopolios, etc.- y/o por la existencia de regulaciones que favorecen la realización de pingües negocios financieros a corto plazo, fuga de capitales, etc.. Que no queden dudas!, sería implacable con los evasores, clausurando entre otras cuestiones y para siempre, la posibilidad de blanquear capitales en Argentina.

4. Es insoslayable que el modelo económico y social propuesto a la sociedad argentina por el gobierno que acaba de terminar, fracasó rotundamente, llevando al país a niveles de endeudamiento público externo, inflación, costo financiero, caída del ingreso per cápita, cierre de empresas, y por sobre todo, pobreza y desigualdad social, entre otras cuestiones sensibles muy negativas, como pocas veces ocurrió en el país.

5. Es evidente que el Fondo Monetario Internacional ha influido decididamente para que el Gobierno de Mauricio Macri establezca en 2018 un aumento generalizado de derechos de exportación para todos los bienes y servicios de la economía nacional –en muchos casos,

quedaron alcanzados por primera vez con ese tributo-. Esa influencia no ha cesado, sino que se ha incrementado y ha sido la principal causa que motorizó los cambios en dichos tributos que llevó a cabo el actual gobierno nacional.

6. También es insoslayable como regla general, que la mayoría –no todas- de las bases agrupadas en las gremiales del agro que convocan al paro que nos trata, tienen un fuerte sesgo a favor de la oposición.

7. Solo por lo expresado en el punto anterior se podría entender que las gremiales del agro no hayan llevado a cabo un lockout de las características del que llevarán la semana próxima, en 2018, cuando el Gobierno de Mauricio Macri estableció nuevos derechos de 

exportación –en contra a lo que siempre predicó públicamente sobre este tipo de tributos-. De la misma manera se podría entender la pasividad de dichas gremiales y de otros agentes económicos y/o cámaras empresariales, entre ellos, sectores de la sociedad de ingresos medio-altos y altos, frente a los devastadores efectos de la alta inflación, la fuga de capitales y el retorno del CEPO durante el gobierno anterior. En todos los casos, resulta incomprensible –o bien comprensible si pensáramos por ejemplo que muchos de ellos (no todos) se identifican incondicionalmente con los lineamientos del Consenso de Washington- por qué las gremiales del agro no explican de manera fehaciente a las más altas autoridades del FMI, todos los fundamentos que tienen para que dichos funcionarios cambien de idea y dejen de presionar al país de la manera que lo hacen en materia de retenciones –de esa forma, recibirían un espaldarazo importante en estos momentos, para sostener la posición que ahora los lleva al lockout-.

8. Es cierto que para algunos productores agropecuarios argentinos, la presión tributaria es demasiado alta y se torna injusta con relación a otros agentes económicos que han obtenido altos beneficios –fundamentalmente durante el gobierno anterior-, como algunas entidades financieras, empresas energéticas, etc., y fundamentalmente, los blanqueadores seriales, que siempre ganaron en el país en desmedro de toda una sociedad atrapada por la decadencia –pero nunca como con el último blanqueo establecido por la Ley 27.260 de 2016, que usó de rehenes a los jubilados para justificar lo injustificable-.

9. A diferencia de muchas decisiones que el Poder Ejecutivo tomó en otras épocas –y anteriores gobiernos de distintos signos partidarios- con relación al mismo tema, los cambios que realizó recientemente el mismo en los derechos de exportación de un conjunto de bienes, se encuadran en lo establecido por una ley previa, la que fue sancionada por el Congreso de la Nación –en este caso, según lo establecido en el artículo 52 de la Ley 27.541 (de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública)-. Destaco también que esta norma establece un trato diferenciado para la soja, en relación a otros productos, abriendo de esta forma, la posibilidad que los productores agropecuarios puedan elegir un planteo productivo que excluya a esa leguminosa y permita reducir significativamente la carga tributaria –diferencia destacable que no era tan marcada por ejemplo, en 2008-.

10. En el mismo sentido a lo expuesto en el punto anterior, el Poder Ejecutivo estableció un régimen de segmentación de alícuotas y estímulo para pequeños productores y cooperativas, que se encuadra en los establecido en el artículo 53 de la misma ley. Esta  decisión resulta trascendente, y sus efectos impactarán muy positivamente en ese segmento de la producción y también en las economías regionales –que están agobiadas-.

11. Si algún agente económico cree que la presión tributaria resultante es confiscatoria y por ende, inconstitucional, tiene toda la libertad de hacer la respectiva presentación judicial. Del mismo modo, puede promover la presentación de un proyecto de ley que cambie el encuadre actual con la modificación planteada en el punto anterior, en el Congreso de la Nación.

12. Está claro que la presión tributaria en el país sería distinta si se ampliara la base de tributación, se redujera la gran evasión y la elusión existentes, y entre otras cuestiones, no hubieran existido muchos privilegios de la política a favor de una gran variedad de agentes económicos a lo largo del tiempo, los que se tornan más notorios aun cuando resultan desproporcionados y además, incobrables, como en el caso de cuantiosos créditos otorgados por la banca pública, que en definitiva, pagaremos todos los argentinos.

13. Argentina necesita un nuevo pacto social, el que debe iniciarse con un llamado a limitar a las pujas sectoriales, problema que se torna muy sensible toda vez que la gran mayoría de los habitantes empleados en nuestro territorio están vinculados a actividades poco competitivas y que cada vez son menos en términos relativos, las personas que tienen ingresos derivados de una actividad económica, de aquéllas que dependen de la asistenciadel Estado. Sería conducente que pongamos una larga pausa en la confrontación y redireccionemos todas las energías a encontrar en conjunto y de manera institucional, las políticas más adecuadas para comenzar a transitar un proceso sostenible que nos lleve al cada vez más lejano desarrollo. Es hora de cambiar la agenda.

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