EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ ENCABEZÓ LA APERTURA DEL PERIODO 138 DE SESIONES ORDINARIAS

Texto completo del disurso presidencial

Querido pueblo argentino,

En la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Parte de nuestra política se ha valido de la ella para ocultar la verdad o tergiversarla. Muchos creyeron que el discurso es una herramienta idónea para instalar en el imaginario público una realidad que no existe. Nunca midieron el daño que con la mentira le causaban al sistema democrático.

Yo me resisto a seguir transitando esa lógica. Necesito que la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros. Al fin y al cabo, en una democracia el valor de la palabra adquiere una relevancia singular. Los ciudadanos votan atendiendo las conductas y los dichos de sus dirigentes. Toda simulación en los actos o en los dichos, representa una estafa al conjunto social que honestamente me repugna.

He repetido una y otra vez que a mi juicio, en democracia, la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política. Gobernar no es mentir ni es ocultarle la verdad al pueblo. Gobernar es admitir la realidad y transmitirla tal cual es para poder transformarla en favor de una sociedad que se desarolle en condiciones de mayor igualdad. 

La constitución me ordena dar inicio al año legislativo a través de un discurso. Pero quiero que todos sepan que no estoy aquí tan solo enlazando palabras de ocasión. Con este discurso vengo a darle a mi palabra el valor del compromiso. Vengo a contarles, según lo entiendo, en que lugar estamos parados como sociedad. Cuáles son los riesgos que nos acechan y cuáles las fortalezas a las que podemos recurrir para poder avanzar. Y también vengo a proponerles iniciar una marcha que nos permita salir de la postración y ponernos en rumbo del crecimiento con justicia social.

Con ese espíritu y esa convición, vengo a hablarle a la Argentina toda,  frente a esta Asamblea Legislativa que reune a los representantes del pueblo y de las provincias de un país federal y que hoy me recibe para inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias.

Como lo hice el día en que asumí el último 10 de Diciembre, vengo a ratificar con mi presencia y mis palabras mi compromiso de cambiar el rumbo que nuestro país venía transitando.

Desde entonces han pasado apenas ochenta y un días. En ese lapso pudimos conocer la situación real en la que está la Argentina y adoptar las medidas más urgentes que nos permiten hoy compartir con ustedes la agenda de futuro que tenemos que desarrollar, como comunidad fraterna y solidaria que somos, para construir la transformación que nos proponemos.

Hemos encontrado una situación extremadamente delicada. Recibimos un país dañado en su tejido social y productivo y con su alma herida por divisiones profundas.

Como ya he dicho, quiero recuperar el valor de la palabra. Quiero ser honestamente libre a la hora de describir el presente. No busco revanchas. Necesito que todos asumamos la verdad que nos toca. Solo así dejaremos de ser esclavos de las fracturas que nos desunen. “El punto de partida de esta construcción social no puede ser otro que el reconocimiento del punto exacto donde nos encontramos”, nos enseñó alguna vez Néstor Kirchner.

Hemos asumido el Gobierno Nacional en un escenario que creo imperioso recordar:

 

·       Soportamos un nivel de inflación record de 53,8% durante 2019.

·       Debemos enfretar una deuda pública también record en monto y concentración temporal de vencimientos. Sólo en 2020 los vencimientos de capital representan 48.968 millones de dólares. A ello deberíamos adicionarle 14.838 millones de dólares en concepto de intereses de esa deuda.

·       La desocupación trepó al 9,7 %, destruyendo más de 240.000 empleos privados entre 2015 y 2019.

·       La industria instalada registra un nivel de capacidad ociosa que roza el 40 %. Llevamos 19 meses consecutivos de caída de la actividad industrial.

·       Nuestro país, hace dos años que está sumido en una recesión profunda.

·       El Estado Nacional registra una deuda en materia de Obras Públicas de más de 35.000 millones de pesos. El 60 % de las obras iniciadas se encuentran paralizadas.

·       Los aumentos tarifarios de los servicios públicos en los cuatro años que precedieron nuestra llegada, registraron incrementos excesivos. El servicio de gas se incementó en ese período alrededor del 2.000 % y el de electricidad cerca del 3.000 %. El nivel de esos aumentos llevaron a situaciones críticas a miles de familias, jubilados, comercios, PyMEs e industrias.

·       Más de cinco millones de argentinos y argentinas que son parte de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, se endeudaron con la ANSES a altas tasas de interés solo para cubrir otras deudas que los apremiaban.

 

La contundencia de los datos que acabo de reseñar,  nos obliga a desarrollar una sincera visión de conjunto frente a la ciclópea tarea que todos tenemos por delante.

Encontramos un Estado debilitado donde casi desaparecieron los instrumentos de regulación. Ha habido problemas recurrentes con el mantenimiento de la infraestructura y el patrimonio del Estado. Se lastimó la relación con los trabajadores del Estado, postergados por la llegada de supuestos gerentes de alta calidad que fueron recompensados con sueldos que el resto de los empleados no recibieron. La recurrente sub ejecución presupuestaria acabó conjugándose con deudas en múltiples dependencias, con la decadencia de la infraestructura ferroviaria por falta de mantenimiento y con empresas públicas que incrementaron sus déficits operativos de modo sostenido.

Un ejemplo tal vez sirva para entender la gravedad del deterioro: estamos cursando el brote de sarampión más importante desde el año 2000, con el riesgo de perder el logro de ser un país libre de la enfermedad.

El nivel de depreciación argentina es tal, que sólo un esfuerzo mancomunado que conjugue honestidad intelectual, ejemplaridad dirigencial y fraternidad comunitaria, será capaz de encaminar nuevamente a nuestra Patria en la senda de un desarrollo inclusivo y sostenible.

Lo afirmo con humildad y también con profunda convicción. Lo dije al jurar como Presidente de la Argentina: comencemos por los últimos, para poder llegar a todos.

Frente a esta situación dramática de destrucción, hemos elegido a la solidaridad como viga maestra de la reconstrucción nacional.

Al mismo tiempo, estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción.

Esta definición nos obliga, esencialmente, a tomar una enérgica decisión en las prioridades.

Para revertir ese cuadro trazamos un programa integral y sustentable.

Desde lo macroeconómico, nos fijamos objetivos fiscales y de política monetaria que buscamos alcanzar a partir de la renegociación de la deuda.

Desde lo politico, nos ocupamos antes que nada de los que han sido olvidados. Después, persistimos en el diálogo económico y social como el modo más perfecto de alcanzar el desarrollo en armonía preservando precios para mejorar el salario real de quien trabaja. 

La primera etapa, el preámbulo de nuestro Nuevo Contrato de Ciudadanía Social, consistió y aún consiste en detener la caída de argentinos en la pobreza, tranquilizar la economía, recuperar el trabajo y recomponer los ingresos de quienes menos tienen.

Por eso, deseo expresar a este Congreso mi reconocimiento por la oportuna sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Ha sido el punto de arranque muy necesario para tomar medidas urgentes en estos primeros días de gobierno, que estuvieron destinadas a recomponer la capacidad de consumo de los sectores más desprotegidos.

Así lo hicimos:

·       Dispusimos un incremento salarial mínimo y uniforme para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, que representó un incremento del salario medio del 5,5 % y del 16.2% para las remuneraciones más bajas en el primer trimestre del año.

·       Otorgamos un incremento salarial para el sector estatal, las fuerzas armadas y de seguridad de 4.000 pesos para los trabajadores con remuneración inferior a 60.000 pesos.

·       Dispusimos un Bono de Emergencia de 5.000 pesos para jubilados en los meses de enero y diciembre y se otorgó un subsidio extraordinario de 2.000 pesos en el mes de diciembre por cada hijo de las titulares de la Asignación por Embarazo y de la la Asignación Universal por Hijo.

·       Resolvimos la baja en la tasa de interés en los Créditos ANSES y la suspensión del cobro de cuotas.

·       Disminuimos las tasas de interés para las tarjetas de crédito, como parte de una disminución general de la tasa de interés que asfixia nuestra economía. En los ochenta y un días de gestión que llevamos, la tasa de interes bancaria se ha reducido del 63 % al 40 %.

·       Establecimos una moratoria de la AFIP para PyMEs, monotributistas y entidades sin fines de lucro. Y se dispuso una nueva línea de créditos del Banco Nación para PYMES.

·       Decretamos la doble indemnización para despidos sin causa.

·       Relanzamos el Programa de Precios Cuidados (que incluyó a las ventas mayoristas) que se extendió también a los productos escolares ante el inicio de las clases.

·       Renovamos el Programa “Ahora 12”.

·       Dispusimos el congelamiento temporario de tarifas, suspensión del aumento de peajes, suspensión de aumentos en el transporte público y suspensión del aumento de combustibles.

·       Otorgamos desde nuestra llegada al gobierno un 18.8 % de aumento en las jubilaciones mínimas.

·       Relanzamos el Programa Remediar y, cumpliendo con mi promesa electoral, garantizamos el acceso gratuito a medicamentos esenciales a más de cinco millones de jubilados y jubiladas.

·       Acordamos una rebaja del 8% en los precios de los medicamentos en farmacias comerciales.

·       La emergencia sanitaria permitió liberar rápidamente más de 12 millones de vacunas que estaban retenidas desde hacía meses en la Aduana.

Todo eso lo hicimos después de haber abordado el problema que más nos preocupaba: terminar con el hambre que sufren millones de argentinos. Por eso pusimos en marcha, de modo plural y participativo, un plan que aspira a que todos los argentinos, sin distinción alguna, se conviertan en actores de la epopeya que supone derrotar al hambre que asola a nuestros compatriotas.

Quisiera detenerme en este último drama, que nos debe avergonzar como sociedad que somos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advirtió que la inseguridad alimentaria tuvo un incremento del 71 % entre 2015 y 2018 en nuestro país, y fue uno de los saltos más importantes registrados a nivel mundial.

Ahora sabemos que no sólo en endeudamiento externo y concentración de vencimientos de la deuda batimos todos los records.

Por eso la lucha contra el hambre es nuestra prioridad. Porque comer no puede ser un privilegio.

Casi un millón de familias ya son titulares de la tarjeta AlimentAR, incluyendo a un millón seiscientos mil niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y discapacitados con AUH, que logran el acceso a una canasta alimentaria de calidad, con leche fluida, verduras, frutas, carne y otro tipo de alimentos frescos.

En todo el país comienzan a surgir ferias de la economía social y la agricultura familiar, almacenes y comercios de barrio que ven cómo crecen sus ventas y ofrecen -de modo solidario- descuentos y promociones a los titulares de la tarjeta Alimentar.

El Plan Argentina contra el Hambre, así lo hemos llamado, es también una herramienta para motorizar la economía de abajo hacia arriba. Una cadena virtuosa, que acerque a productores y consumidores en comercios de proximidad, para que la inyección de más de 70 mil millones de pesos anuales (más de 1.000 millones de dólares) que representa la tarjeta AlimentAR quede en los pueblos de nuestra Patria.

Lo queremos impulsar con un criterio federal: lo potenciaremos de modo complementario con el Programa “Pro Huerta”, que permitirá el establecimiento de más de 200.000 huertas familiares en todo el país.

Por supuesto que todo este esfuerzo sería incompleto si no desarrolláramos herramientas más eficaces para hacer un seguimiento estricto de la evolución de los precios.

Trabajamos para disminuir las causas macroeconómicas de la inflación –un trabajo que ya ha comenzado a dar incipientes resultados-, y también trabajamos para crear una política de defensa del consumidor que evite los abusos.

Estamos analizando las estructuras de costos de los eslabones de la producción, para trabajar en las diferentes relaciones entre intermediarios, logística, canales de comercialización y evitar los abusos de posición dominante.

Vamos a fortalecer también los mecanismos de defensa del consumidor y lealtad comercial.

Que los precios dejen de crecer en Argentina es una responsabilidad de todos. El Estado, este Gobierno Nacional, se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales con las que cuenta. No es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo.

Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Argentina no resiste más el abuso de quienes “preservan” su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus “excesos preventivos”. Debemos terminar con la Argentina de los “vivos” que se enriquecen a costa de los pobres “bobos” que estamos condenados a pagar lo que consumimos.

Esa descripción de lo que nos pasa, exige un punto final al abuso. No solo es un imperativo económico sino también es un imperativo moral. Los pícaros que especulan subiendo los precios no tiene cabida en esta Argentina. 

Este es el rumbo que hemos emprendido desde el 10 de diciembre. No venimos con planillas de cálculo en las que los números cierran en teoría, dejando afuera a muchos sectores de nuestro pueblo. Estamos haciendo una Argentina inclusiva en la que el primer esfuerzo sea levantar a los caidos

Todo esto lo estamos haciendo en un contexto económico particularmente complejo sujeto a todas las condicionalidades externas que hemos recibido.

Nuestro plan económico ha dado sus primeros pasos positivos. Mejoramos la situación fiscal, dimos pasos consistentes para bajar la inflación reduciendo también las tasas de interés financiero.

Estamos generando condiciones macroeconómicas sostenibles y acompañamos a los productores en sus proyectos y esfuerzos. Las mesas de acuerdo entre trabajadores y empresarios son positivas, los sectores que participan son comprensivos del momento que atraviesa el país. Hay sectores que empiezan a reactivarse poco a poco.

Todo ese esfuerzo común, convive con dificultades que arrastramos del período anterior.

Pese a lo negativo del escenario que nos tocó en suerte, hemos dado pasos firmes en tranquilizar la economía para poder lograr el desarrollo tan ansiado. 

La deuda pública que heredamos es, sin lugar a dudas, el mayor escollo que enfrentamos.

En esa materia, frente a este Honorable Congreso, hemos comenzado a cumplir lo anunciado el día de nuestra asunción.

El Banco Central de la República Argentina se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera en que nuestro país recibió divisas en concepto de prestamos y el destino que los mismos merecieron. Todos hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonose la carga de la deuda.

Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad: endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista.

Debemos saber lo que pasó, quienes permitieron que ello suceda y quienes se beneficiaron con esas prácticas. Necesitamos no hacernos los distraídos ante lo ocurrido porque el riesgo que acarrea  tal distracción es la concreción de un daño inmenso que deberían soportar varias generaciones de argentinos. 

Nunca más a un endeudamiento insostenible.

Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana, a espaldas del pueblo.

Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso.

Más allá de analizar lo ocurrido, hemos iniciado las negociaciones para reestructurar la deuda pública. Con tal propósito, desplegamos una intensa acción diplomática internacional, que tuvo como propósito dialogar con lideres de países del mundo central sobre la dificil situación que enfrentamos.

En todos nuestros encuentros, recogimos comprensión. Todos advierten que Argentina es un país devastado por el endeudamiento y expresan un profundo estupor frente a lo sucedido. Todos tienen la certeza de que las clásicas recetas de ajuste y recesión no aliviaran nuestro pesar ni nos permitiran crecer.

Quiero expresar mi agradecimiento en primer lugar al Papa Francisco, quien de modo singular y ante los líderes de las finanzas internacionales, volvió a enfatizar su llamamiento a construir una una economía con alma: ¨ Se trata –dijo- de ser capaces de sacarnos las escamas de los ojos y de los corazones, para ver con una nueva luz estas realidades de codicia e injusticia que claman a la tierra¨.

Los líderes de Israel, España, Francia, Italia y Alemania a quienes entrevistamos, también manifestaron su predisposición a acompañar la voluntad argentina de encarar una salida sostenible a la encrucijada del endeudamiento externo.

El propio Fondo Monetario Internacional ha señalado que la deuda argentina no es sostenible. De ese modo, nos ha dado la razón en lo que hemos venido planteando con persistencia durante todo este tiempo.

En el tema de la deuda hay muchos intereses en juego. Hay gente con intereses distintos a los del país, que no duda en juegar fuerte.

Esta es la hora de definir de qué lado va a estar cada uno. Nosotros estamos del lado del pueblo. Agradecemos a la oposición el apoyo en el Congreso para poder reestructurar la deuda. Más apoyos serán necesarios si como país queremos salir bien parados de esta crisis de deuda impagable. La aprobación legislativa de las políticas de endeudamiento debería ser la regla para proteger a Argentina de los ciclos de sobreendeudamiento en los que recurrentemente cae.

Algunos nos critican y nos piden más ajuste. No perdamos de vista que no hay peor alternativa que la austeridad fiscal en las recesiones. Más ajuste lleva a más recesión, a menos oportunidades, más pobreza, más desigualdad, más exclusión. No vamos a pagar la deuda a costa del hambre y la destrucción de sueños de los argentinos y las argentinas.  Nosotros vamos a cuidar a nuestra Patria. 

Con las autoridades del Fondo Monetario Internacional venimos trabajando de forma constructiva. Han reconocido lo profundamente grave que es la situación económica. Hay un creciente entendimiento mutuo, en una crisis en la cual todas las responsabilidades son compartidas por el gobierno que precedió al nuestro, por los bonistas y por el mismo FMI.

Preferimos una resolución ordenada a la crisis de la deuda y estamos caminando en esa dirección. Pero lo más importante es que el acuerdo al que lleguemos con los acreedores sea sostenible. Necesitamos un acuerdo que le permita a Argentina ponerse de pie y no volver a caer. Eso es innegociable.

Si queremos superar para siempre los ciclos de sobreendeudamiento, debemos tomar compromisos que sí se puedan cumplir, en lugar de hacer promesas sobre la base de escenarios maravillosos que nunca llegan y que nos terminan dejando en una situación peor. Esa premisa será la base de la oferta que le haremos a los acreedores en las próximas semanas.

Este proceso lo vamos a realizar con responsabilidad y con firmeza.

No sólo tenemos que evitar la dependencia económica de la deuda externa. También debemos evitar la dependencia intelectual de la deuda externa.

Ningún acuerdo sostenible con nuestros acreedores externos será mágico ni milagroso.  Por más virtuoso que pueda resultar en la defensa de nuestros intereses nacionales, no nos eximirá a nosotros, los argentinos, del desafío de concertar el futuro con responsabilidad, solidaridad y sostenibilidad.

La soberanía comienza por nuestra propia capacidad de concertar prioridades estratégicas, en el marco de un nuevo Contrato de Ciudadanía Social.

Necesitamos un programa de desarrollo integral para la próxima década que tenga bien presente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Argentina tiene que reconstruir su sistema productivo para evitar las crisis macroeconómicas que provienen del sector externo. La política industrial del siglo XXI va a tener como ejes a las universidades y centros tecnológicos calificados.

La política productiva debe tener una fuerte orientación a impulsar las exportaciones. Tenemos que salir del extractivismo y generar una industrialización de base nacional, PyME y tecnológica, que permita desarrollar una cadena de proveedores en torno a los recursos naturales y otras actividades.

Tenemos que insertar a la Argentina en la agenda 4.0, en donde el mundo avanza a una velocidad enorme. También discutir cómo ponemos en valor la industria de bienes de capital para el sector del petróleo, la minería y el campo.

Por eso hoy vengo a proponer a la Nación y ante sus representantes reunidos en esta solemne Asamblea Legislativa, un conjunto de acciones colectivas para el período 2020/2021.

Iniciamos una renovada batalla nacional por el gas y el petróleo. Los hidrocarburos serán una palanca para el desarrollo productivo de nuestro país. Vamos a extraer los recursos a partir de un entramado productivo tecnológico y diversificado en todas las provincias argentinas, motorizando la creación de empleos de calidad, el desarrollo local de las comunidades, la innovación tecnológica, el desarrollo de nuevas empresas y la incorporación de los desafíos de la industria 4.0.

Por eso, enviaré a este Congreso un proyecto de Ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero que promueva y estimule la inversión nacional e internacional en el sector y facilite el desarrollo de la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios que nos permita crear cientos de miles de empleos directos e indirectos en los próximos años.

En materia minera también tenemos grandes posibilidades pendientes, con pleno respeto a estándares ambientales y participación social

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