LA POLÍTICA ECONÓMICA EN EL LABERINTO DE LA RESTRUCTURACIÓN

El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, destacó que la política económica del gobierno ha puesto como prioridad una reestructuración rápida de la deuda, aún a costa de mantener la economía en el letargo.

 

Alberto Fernández eligió el camino del medio entre quienes le recomendaban una negociación pro-mercado, aceptando las reformas estructurales impulsadas por el fondo, y quienes planteaban priorizar una rápida recomposición económica y social, aún cuando ello implicara entrar en cesación de pagos con la mayor parte de los acreedores. Los ejes de la política de negociación con los acreedores giran en torno a evitar el default intentando una rápida restructuración con quitas a los bonistas privados; rechazar las reformas estructurales y el ajuste del gasto real que recomienda pero concediendo un programa tendiente al equilibrio fiscal que pondera una mejora del gasto social, incrementos de impuestos a los que más tienen y cierta parálisis de la obra pública; y una política cambiaria, de tarifas y de ingresos que prevé convivir con una inflación moderada sin grandes cambios distributivos. De esa manera, las previsiones económicas aún en el caso de una exitosa reestructuración de la deuda son moderadas. El mercado interno se mantendrá relativamente estancado dado un consumo y gasto público real con bajas perspectivas de crecimiento,y una inversión que difícilmente sea el motor de la recuperación dada la capacidad ociosa reinante en el aparato productivo. Por el lado del sector externo, el bajo nivel de actividad acompañado de fuertes controles a la importación son claves para mantener un importante superávit comercial. Los controles cambiarios para mantener a raya la fuga de capitales y el esperable incremento de las exportaciones por el desarrollo de los combustibles no convencionales, son las claves para generar el saldo en divisas que permita ir cumpliendo con los compromisos de una deuda que, aún reestructurada, seguirá pesando fuerte sobre nuestras espaldas económicas. Pero la táctica de reestructuración oficial no está libre de riesgos. El apoyo del FMI a la quita sobre los bonistas privados puede implicar concesiones que condicionen a corto y largo plazo la economía nacional (mantener acuerdo UE-MERCOSUR, presiones para recomponer tarifas de servicios públicos, al ingreso de importaciones y giro de dividendos, etc.). Por otro lado, el capital político inicial del Frente de Todos se diluye a la espera de una

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reestructuración que puede dilatarse mucho más allá de marzo si los fondos privados no aceptan la oferta argentina. Se genera de esa manera un “apuro” para cerrar la restructuración que, al mismo tiempo, debilita la posición argentina en la negociación. Tampoco hay que descartar que las potencias que gravitan tras el FMI, corran el arco a la hora de negociar el esquema de pagos al organismo, buscando mayores concesiones a cambio de posponer los vencimientos.

La trama política de la deuda

En los primeros meses de gobierno, la política internacional de Alberto Fernández estuvo concentrada en lograr algún grado de apoyo por parte de distintos mandatarios para afrontar la negociación de la deuda pública. Una primera instancia se concentró en la Unión Europea, para luego concretar el apoyo del FMI que llegó el 19 de Febrero, con un comunicado en el cual el fondo reconocía la insostenibilidad de la deuda, la inviabilidad política del ajuste fiscal, la necesidad de una quita sobre los bonistas privados y el rol que tuvieron los controles de capitales para recomponer cierto grado de previsibilidad macroeconómica. A contra mano, el comunicado terminó validando el discurso del macrismo al atribuir a un shock exógeno (¿el resultado el electoral?) la insostenibilidad de la deuda, en lugar de aceptar la insustentabilidad inicial del acuerdo stand-by firmado con la gestión anterior. En su gira durante enero y los primeros días de febrero, el Presidente tuvo contacto con distintos accionistas clave del FMI (Alemania, Francia, España e Israel) con quienes trató específicamente la problemática de la deuda. En conjunto, forman parte de un grupo de países que puede concertar el 20% del poder de voto del organismo. El paso final para un apoyo más contundente la tendría que dar Estados Unidos, la figurita difícil del acuerdo. En el encuentro de Ministros del G20, una de las principales expectativas del Ministro Guzmán es, justamente, el encuentro con el Secretario del Tesoro. La incógnita reside en qué medida este apoyo político se traduce en un mejor resultado para la deuda argentina ya que los que tienen que terminar aceptando o no la propuesta de reestructuración argentina son los fondos privados, muchos de ellos radicados en los Estados Unidos pero con escala global y con intereses que trascienden el resultado de corto plazo de la restructuración. Además, como se vio en algunos casos puntuales como la negociación que propuso la Provincia de Buenos Aires, la exposición que implica para estos fondos ir por todo o nada es de un porcentaje ínfimo de su capital. Así, pueden ver con cierta simpatía la posibilidad de litigiar y cobrar más adelante el precio full de los bonos tal como está establecido hoy en día sin ninguna quita; por más “racionalidad” que presente la propuesta argentina.

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Otra derivación clave en estas negociaciones pasa por lo que pueda tener que ceder o las presiones que pueda llegar a recibir Argentina a cambio de este apoyo político de los países. Sin dilatar mucho la discusión, en su paso por Francia Alberto Fernández tuvo que recibir reclamos para que flexibilice los controles de capitales y garantice el giro de divisas para distintas firmas e industrias extranjeras con actividad en nuestro país. La recomposición de las tarifas fue parte de las presiones del organismo financiero. En el ámbito comercial, también se encuentra sobre la mesa el acuerdo UE-Mercosur que puede significar un severo deterioro para el tejido productivo localen el futuro.

Los números de la negociación–Qué tiene que negociar la Argentina

Las  reservas totales están en 47.800 millones de dólares, si restamos el  swap con china y los dólares depositados en cajas de ahorro, el gobierno dispone de 10.000 millones de dólares líquidos en las reservas más 11.000 millones de dólares que puede aportar el balance comercial–resultado que está asociado al estancamiento de la actividad económica-para el pago de deuda durante este año. Los compromisos de deuda en moneda extranjera con tenedores privados en este año ascienden a 20.000 millones de dólares, de los cuáles 4.900 millones son en legislación extranjera. A ello que se agregan 2.500 millones de dólares con el FMI y el Club de París. En tanto, la deuda en pesos le exige rollear un monto que asciende a más de un billón de pesos –1.160.850 millones de pesos -para todo el año entre letras y títulos públicos en manos del sector privado. Para tener una dimensión del volumen de estos vencimientos en moneda local, esta suma equivale al 39% de los depósitos en pesos que tiene el sector privado en la argentina. De esa manera, aún en el caso de un empantanamiento de las negociaciones, Argentina podría surfear el 2020 sin default, reperfilando vencimientos bajo legislación local en divisas, renovando vencimientos en moneda local y pagando los vencimientos en dólares bajo legislación extranjera (USD4.900M), sin graves presiones sobre las reservas. Es decir, el apuro para cerrar las negociaciones en marzo no tiene una base de sustentación económica sino que son fruto exclusivo de la política de negociación escogida. Antes que cerrar un mal acuerdo en forma precipitada, esos plazos podrían flexibilizarse. Más allá de los vencimientos del presente año, el stock de la deuda pública asciende a 320.000 millones de dólares, de los cuáles 125.000 millones se encuentran en poder de organismo públicos (principalmente ANSES y BCRA) por lo que no configura un riesgo relevante para el Tesoro. Dentro de los 200.000 millones de dólares restantes, 73.000 millones de dólares son los que tienen otros tenedores institucionales como el FMI y el Club de París, mientras que 126.000 están en manos de tenedores privados.

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Como se advierte, una parte considerable de la deuda corresponde a organismos multilaterales que están quedando a fuera de esta primera etapa de renegociación. Por lo tanto, una vez concluido el cronograma anunciado por el Ministro Guzmán el problema de la deuda seguirá siendo un tema a resolver en futuras negociaciones.

La deuda con el sector privado se diferencia, fundamentalmente, por la moneda y la legislación. En términos de legislación, está balanceada entre un 47% que se rige bajo legislación local y un 53% que se rige bajo legislación extranjera (principalmente, la de Nueva York). El aspecto de la legislación cobra relevancia dado que los bonos con legislación extranjera requieren algún tipo de consentimiento por parte de los acreedores para modificar sus condiciones (vencimientos, capital e interés), no así los de legislación local que pueden ser reperfilados unilateralmente.

Dentro de los títulos bajo legislación extranjera, también hay diferentes condiciones ya que los emitidos en el marco de los Canjes de 2005 y 2010 requieren el acuerdo de un 66% de los tenedores de cada serie y un 85% del total de los bonos elegibles de reestructuración, mientras que aquellos emitidos a partir de 2016 son algo más flexibles ya que requieren el 51% de cada serie y un 66% del total. A esto se refería el Ministro Guzmán en el Congreso cuando hacía referencia a que “Argentina pondrá a prueba la arquitectura financiera internacional”. Por esta misma razón tampoco se sabe con claridad hoy en día si en la propuesta de reestructuración entrarán todos estos bonos o se dejará a fuera a aquellos originados por los Canjes anteriores.

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