EL GOBIERNO ENVIÓ AL CONGRESO EL PROYECTO DE "CAPITALES ALTERNAS" PARA REUNIONES DE GABINETE

El texto legislativo fue remitido hoy al Congreso. La iniciativa pretende agilizar un esquema de reuniones en las 24 provincias entre funcionarios locales y nacionales

El Gobierno nacional busca que haya  24 ciudades designadas como "capitales alternativas" dentro del proyecto de ley enviado hoy al Congreso por el gobierno nacional a través del cual se pretende por los próximos cuatro años agilizar un esquema de reuniones en las provincias entre funcionarios locales y nacionales.

 

La iniciativa, que ingresó esta mañana a la Cámara de Diputados, propone -en su artículo 2- la creación del Programa Gabinete Federal, “destinado a realizar reuniones entre funcionarios nacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales con el fin de identificar las demandas de la comunidad y articular las medidas necesarias para su satisfacción”.

 

Los distritos propuestos son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis, entre otros.

 

La iniciativa está inspirada en otro proyecto impulsado en 1999 por el entonces gobernador cordobés José Manuel de la Sota, por el que se declaró a Río Cuarto como “capital alterna”, la primera en gozar de ese título, aunque a nivel provincial.

 

 

Alberto Fernández cuando era candidato presidencial había propuesto “crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí y escuchar "in situ" los problemas”.

 

“Una cosa es ver estadísticas y otra ver y escuchar a la gente, porque se puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto”, dijo Fernández en septiembre último.

 

El proyecto establece que sea el Ministerio del Interior la cartera a cargo de “coordinar con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades provinciales la elaboración del plan de trabajo de las reuniones” y fija que los encuentros sean “convocados con una periodicidad no mayor a 30 días”.

 

 

Las demás jurisdicciones que figuran en el proyecto son Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán)

 

En tanto, el artículo 5 agrega que “los funcionarios del Poder Ejecutivo que asistan deberán llevar registro y elevar un informe mensual de seguimiento a la Jefatura de Gabinete, que será puesto en conocimiento del Ministerio del Interior sobre los consensos alcanzados, las medidas adoptadas y las propuestas que se consideren de necesaria implementación”.

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