RECHAZO AL PROYECTO DE CREACIÓN DE AUMET

La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) manifiesta su más enérgico rechazo al  proyecto de ley presentado por el Diputado Nacional Facundo Moyano, referido a la creación de la empresa  AUMET S.A. y que ha trascendido en los medios de comunicación como “la estatización de los accesos norte  y oeste a la CABA”.

En un comunicado, la entidad expresó que los accesos en cuestión se encuentran concesionados. Esto quiere decir que el Estado Nacional es el dueño de esas rutas y que el proyecto presentado, lejos de estatizar, plantea la privatización de los accesos. 

“Seguimos luchando contra la patria contratista, que detrás oculta  que un operador privado no se rige por la Ley de Obra Pública , ni por las leyes del estado”, recalcaron y agregaron que plantearon la necesidad de dar de baja todo el sistema de  concesiones sobre nuestras rutas nacionales, las que deben volver a manos del Organismo Rector en la materia, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que cuenta con la capacidad técnica para hacerlo. 

Además explicaron que seguirán luchando contra la patria contratista, que detrás oculta  que un operador privado no se rige por la Ley de Obra Pública , ni por las leyes del estado. “Tenemos que bajar estas concesiones que además están siendo investigadas por la justicia y que esas cuestiones vuelvan a mano de Vialidad Nacional que si cuenta con personal y equipamiento”, recalcaron.

Opinaron que ningún recurso estratégico del Estado debe estar concesionado ni en manos privadas. “Ha quedado demostrado que las concesiones sólo han sido un gran negocio para las empresas, puesto que las grandes inversiones y obras las siguió financiando el Estado Nacional”, definieron. 

Recordaron que la gestión macrista, a través del Decreto 794/17 y modificatorios, creó Corredores Viales S.A (CVSA) otorgándole las mismas funciones de la DNV, con la clara intencionalidad de privatizar las rutas nacionales.  

“Esta S.A. opera sobre las rutas concesionadas por peaje con las mismas funciones que la DNV, pero con los  “privilegios” emanados del citado Decreto 794/2017, que posibilita saltear los mecanismos de control del  Estado en materia de obra pública, dejando la puerta abierta para una nueva entrega de nuestras rutas y de  nuestro patrimonio a nuevas manos privadas”, detallaron. 

Aseveraron que “debemos desarticular los proyectos neoliberales que vienen condicionando el ejercicio de nuestra soberanía” y propusieron la restitución fáctica y operativa de todas las rutas nacionales a la DNV y comenzar la etapa  de ponerlas al servicio del pueblo, el trabajo y la producción, por sobre cualquier interés privado.

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